La familia del joven fallecido reclama más de $398 millones al Estado provincial, la Policía y funcionarios judiciales. Acusan torturas, encubrimiento y simulación de suicidio. El caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La muerte de Santiago Ezequiel Chaile, un joven de 23 años que fue hallado sin vida en un calabozo de la comisaría de Tinogasta el pasado 7 de mayo de 2024, ha generado una fuerte controversia en la provincia. Su familia, representada por un abogado local, sostiene que el fallecimiento no fue un suicidio, como indicaron fuentes oficiales, sino que se trató de una consecuencia directa del maltrato que habría recibido por parte de personal policial.
Según la denuncia presentada ante la Justicia, Chaile había sido detenido bajo una acusación que, según la defensa, carecía de pruebas firmes y fue posteriormente sometido a apremios ilegales. El abogado de la familia asegura contar con testimonios y pruebas materiales que indicarían que el joven fue víctima de torturas, como asfixia con bolsa de nylon y sumersión forzada, prácticas comúnmente conocidas como «submarino seco» y «submarino mojado».
En ese contexto, se ha iniciado una demanda por daños y perjuicios por un monto superior a los 390 millones de pesos contra el Estado provincial, la Policía de Catamarca y funcionarios judiciales involucrados en el proceso que derivó en la muerte del joven. La presentación judicial se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad de los detenidos, y en la responsabilidad de los funcionarios públicos por sus actos.
Entre los puntos más sensibles de la denuncia, se señala que Santiago Chaile ya había denunciado agresiones en una detención anterior ocurrida en Fiambalá, lo que, según la defensa, no fue debidamente considerado por las autoridades al momento de disponer su reingreso al sistema carcelario.
Además, se cuestiona duramente el procedimiento judicial y policial, incluyendo irregularidades en la cadena de mando, presuntos encubrimientos y la ausencia de personal jerárquico durante la noche del hecho.
El caso ha sido elevado a la Corte de Justicia de Catamarca y, según adelantó la querella, también se evalúa llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se han vulnerado garantías fundamentales.
La comunidad de Tinogasta y organizaciones de derechos humanos comienzan a manifestar su preocupación por este caso, que recuerda otras situaciones de violencia institucional en la provincia.